Los gerentes de Servicios Sociales denuncian que la Dependencia se destruye

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha denunciado que, transcurrido un año desde la reforma de la Ley de Dependencia por la vía del "decretazo", se consolida la "dinámica de destrucción paulatina del sistema" sin que haya mejorado en ningún aspecto de la gestión.

En un comunicado, asegura que de las tres reformas que ha sufrido ya la Ley 39/2006 desde su aprobación, ha sido la de julio de 2012 la que ha impactado de manera "más cruel" en las personas en situación de dependencia.

Los gerentes esgrimen que impide el acceso de éstas al sistema o las expulsa del mismo; fomenta la desatención y parálisis por parte de las administraciones por la vía de "estrangular" la financiación; abandona a los cuidadores familiares (97 % mujeres) y, como "daño colateral gravísimo", destruye empleo y tejido productivo.

Anuncio del consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, de mas recortes sociales desde la Generalitat

El anuncio del consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, de que los recortes de la Generalitat continuarán en 2014 levantó ayer ampollas en los partidos de la oposición y en colectivos sociales como el de la educación.

“Los trabajadores no son los responsables de una crisis económica causada por la especulación financiera e inmobiliaria, ni del colapso presupuestario provocado por una nefasta gestión y un despilfarro irresponsable de los gobiernos del PP”, 

"LA SOPA DE LOS POBRES" también llamada COMEDORES SOCIALES

(Reproducimos, por su actualidad e interés, un documento de la Marea Naranja de Aragón donde se hace una reflexión sobre los comedores sociales. Nos hemos permitido hacer una adaptación porque entendemos que el análisis trasciende la realidad de Aragón y es perfectamente aplicable a un contexto como el nuestro).

1. - LOS BENEFICIOS PARA LAS ELITES FINANCIERAS Y LAS PÉRDIDAS PARA TODOS NOSOTROS

Mientras las administraciones públicas dedican millones de euros, provenientes de los impuestos de trabajadoras y trabajadores, a "rescatar" a las corporaciones financieras, que hay que recordar, son las culpables de esta crisis producto de su egoísmo y de la búsqueda de beneficio económico a cualquier precio, estas mismas administraciones abandonan a la ciudadanía a su suerte y ventura, haciéndonos creer que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que no somos sujetos de derechos sociales y que si estamos mal es porque nos lo merecemos. Esta crisis financiera desembocó en una crisis de la economía real con aumento de la precariedad laboral y el desempleo, desahucios en viviendas, 

Más de 5.000 cuidadores de toda la provincia dejan de cotizar por los recortes del Gobierno

La supresión de la ayuda dirigida a pagar la cuota obliga a los responsables de las atenciones a mayores y dependientes a darse de baja de la Seguridad Social Muchos trabajadores continúan ejerciendo su actividad pero sin abonar la cotización

Los recortes del Gobierno han vuelto a golpear a uno de los sectores más débiles de la sociedad, el que aglutina a los mayores y los dependientes. Esta vez el turno le ha tocado a los cuidadores no profesionales de estos colectivos. Las duras medidas de ajuste impulsadas por el Ejecutivo central llevaron hace aproximadamente un año al Ministerio de Sanidad a suprimir la partida dirigida a cubrir los gastos derivados del pago de cuotas a la Seguridad Social. Hasta ese momento, el régimen especial para cuidadores de dependientes creado a raíz de la aplicación de la Ley de Dependencia aseguraba a estos trabajadores la gran mayoría mujeres su cotización. Las consecuencias no han tardado en llegar. De hecho, los datos aportados por el Gobierno en una respuesta parlamentaria al grupo socialista revelan que un total de 5.352 cuidadores en la provincia de Alicante dejaron de cotizar entre octubre de 2012 y marzo de 2013. 

Alertan de que el copago sacará a discapacitados de centros y residencias

El decreto estipula que "en caso de deuda por el impago de precios públicos podrá finalizarse la prestación"

 «Con agosticidad y alevosía», sin consenso con el sector de la discapacidad, y «cargando otra vez la

crisis sobre las persones más débiles de la sociedad». Así es visto por la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana (Cocemfe-CV) el nuevo decreto de la Conselleria de Bienestar Social que extiende el copago en residencias, centros de día y otros recursos de los Servicios Sociales a los discapacitados no dependientes, que hasta ahora estaban exentos del pago de estos recursos públicos.

El copago en residencias y centros de día se extiende a todos los discapacitados

La Generalitat aprueba el decreto de precios públicos en servicios sociales que también hará pagar a todos los usuarios de teleasistencia o ayuda a domicilio

Nadie va a librarse del copago en el ámbito de los servicios sociales. La Conselleria de Bienestar Social publicó ayer el decreto que extiende el copago a los discapacitados no dependientes que necesiten recurrir a residencias, centros de día y de noche, teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centros de rehabilitación e integración social y viviendas tuteladas. Hasta ahora, los mayores valencianos no dependientes copagaban desde 1993 por los servicios públicos (o concertados) que necesitaban. Los dependientes empezaron a estar obligados a sufragar una parte de los servicios a partir del 1 de noviembre de 2012 (aunque en la práctica todavía no se haya aplicado en la mayoría de casos por dificultades técnicas a la hora de calcular la rentas). Desde hoy entra en vigor la nueva normativa, que incorpora al copago a los únicos que escapaban de él: las personas con discapacidad que no tienen reconocida la dependencia.

MANIFIESTO CIUDADANO

Manifiesto Ciudadano en demanda del Cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

La crisis no puede convertirse en el pretexto para acabar, por la vía de los hechos consumados, con los derechos reconocidos, por Ley, a las personas en situación de Dependencia. 

Con el presente escrito, los ciudadanos, abajo firmantes, expresamos nuestra más enérgica protesta a las medidas adoptadas en ese sentido tanto por el Gobierno de la Nación como por los diferentes Gobiernos Autonómicos, responsables todos ellos, de acuerdo a lo expuesto en el artículo 1 de dicha Ley, del desarrollo y cumplimiento de la misma. 

Por ello reclamamos del Congreso de los Diputados la adopción de la resolución parlamentaria procedente que obligue al Gobierno de España a dotar al sistema de la partida presupuestaria suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a las Administraciones Públicas competentes, en los términos fijados en los artículos 9 y 32 de la misma Ley. 

Así mismo, reclamamos de nuestro Parlamento autonómico que, previos los trabajos de la comisión parlamentaria correspondiente para oír a todos los sectores implicados, se eleve al pleno de la Cámara propuesta para la adopción de las resoluciones parlamentarias procedentes que garanticen en nuestra Comunidad el acceso, en condiciones de igualdad, sin prácticas dilatorias en el tiempo, a las prestaciones y servicios previstos en dicha Ley, en los términos establecidos en la misma, removiendo cuantos obstáculos los dificultan, impiden y obstruyen. 

Un octogenario desalojado de una residencia por no poder pagarla

Antonio tiene reconocida por la Ley de Dependencia una plaza desde enero

«Nunca pensé que un anciano pudiera sentirse tan huérfano». Esta es la dolorosa frase con la que Antonio Lopes Gonçalves finaliza el escrito enviado a la delegación territorial de la Consellería de Traballo e Benestar Social. En esa carta, Antonio alertaba de la situación de desamparo a la que se vería abocado desde principios de agosto, ya que tenía que abandonar la residencia Nuestra Señora de la Salud de A Peroxa, donde está ingresado desde el 7 de diciembre del 2012.

La reforma local supone un recorte de 300 millones en servicios sociales

Un estudio cifra en 500.000 los usuarios que serán expulsados del sistema

La reforma de la Administración local que ultima el Gobierno de Mariano Rajoy supondrá un recorte de 300 millones de euros en servicios sociales en Andalucía, según un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El documento, elaborado a partir de datos oficiales, cifra en alrededor de un millón los usuarios andaluces afectados por la reforma, de los que 500.000 serán directamente expulsados del sistema.